RESUMEN por uno de los PONENTES -José Díez Calzada-

Con el ánimo de contribuir a un debate entre posiciones parcialmente discrepantes, y para dar continuidad a la discusión iniciada en las dos mesas redondas organizadas por los estudiantes de la Facultad de Filosofía el 15 de diciembre, incluyo la parte principal de mi intervención y mis respuestas a objeciones y comentarios que se hicieron en la discusión.

INTERVENCIÓN

Antes que nada, reconocer a los estudiantes (a pesar de algunas diferencias con partes del método) haber iniciado un proceso de información y discusión sobre el modelo de universidad a que debería conducir el proceso de unificación europea de estudios superiores. Es cierto que la información estaba en la web, pero a veces ello no basta y hay que hacer algo más para, por un lado, difundirla y, por otro, debatir aspectos fundamentales del proceso. Eso no se ha hecho ni desde las instituciones europeas, ni desde las estatales, ni autonómicas, ni desde la universidad. Así que bienvenido el debate y mi reconocimiento a los estudiantes por ello. La numerosa asistencia de estudiantes da prueba del interés del mismo (a pesar de la lamentable escasa asistencia del profesorado).

Quiero dejar claro de entrada que, aunque con matices, soy favorable al proceso de Bolonia, incluso a algunos aspectos generalmente criticados. Puestos que otros aspectos parecen despertar acuerdo general, al menos como ideal, enfatizaré los más controvertidos, pues el debate sólo es provechoso entre posiciones al menos parcialmente diferentes; juntarse para darse la razón mutuamente es muy gratificante pero perfectamente inútil. Quiero dejar claro también que considero que el proceso, positivo en general, tiene muchos peligros, algunos ya presentes, y que hay que estar alerta. Y quiero decir también que, aunque en general me parece una buena oportunidad para resolver algunos problemas de la universidad, no puede resolver muchos otros problemas que son independientes del proceso de Bolonia, incluso si este proceso se implementara idealmente; son problemas que hay que resolver con otras medidas.

Recordaré en primer lugar lo más esencial de lo que implica la declaración de Bolonia. A continuación resumiré las que para mí son las principales funciones de una universidad pública. Diré por qué, respecto de dichas funciones, Bolonia me parece positivo. Y concluiré comentando algunos riesgos que se han aducido.

1. Recordatorio de A qué obliga y a qué no obliga Bolonia. Y qué queda en manos de los gobiernos.

A qué obliga:

- A dividir las actuales licenciaturas (300crs) en dos ciclos: Grados (3-4 años, 180-240 crs ) y Masters (1-2 años, 60-120 crs).

- Unificar contabilidad del trabajo necesario para la obtención de títulos mediante créditos ECTS.

- Acordar un sistema de comparación de calificaciones.

- Incluir en los títulos la información principal de los expedientes.

- Reconocer las titulaciones entre los países firmantes.

No obliga a nada más. Cada país decide qué se implanta, sus contenidos básicos y cómo se financia. En España:

- Grados oficiales: el Gobierno Central establece qué titulaciones son grados oficiales; las Comunidades Autónomas deciden su implantación, a propuesta de las universidades, que proponen un plan de estudios, que ha de validar la ANECA.

- Masters oficiales: Las universidades proponen las titulaciones con su plan de estudios; la ANECA debe validar los planes de estudios; las Comunidades Autónomas deben aceptar la implantación.

Se distinguen tres tipos de masters: de Investigación (que conducen a los estudios de Doctorado), Profesionalizadores, y Académicos (mixtos).

- Grados y Masters no oficiales: cada universidad o institución procede como quiere.

- Financiación: El Gobierno Central fija una horquilla de financiación y las Comunidades Autónomas establecen la cantidad exacta dentro de esa horquilla. En España se subvenciona de media en torno a un 85 % del costo a todos los estudiantes en todas las actuales licenciaturas, y en los masters oficiales que ya se han implantado, y se prevé lo mismo para los nuevos grados oficiales.

2. Cuál es en mi opinión la función básica de la universidad pública

- No es la formación de ciudadanos, entendida ésta como la formación ciudadana que toda persona necesita para ejercer sus derechos y deberes. Si esa fuese una finalidad de la universidad, debería ser obligatoria, gratuita y condición exigible para votar.

- Una de sus funciones es garantizar la existencia y calidad de estudios, formación e investigación que no está directamente vinculada a la productividad económica.

- Pero otra de sus funciones es garantizar y supervisar la calidad de la formación profesionalizadora e investigación directamente vinculadas a la productividad económica.

· Las diferencias entre unos y otros estudios es muchas veces vaga, pero hay casos claros de ambos, p.e. Filosofía y Administración de Empresas respectivamente.
· La segunda función es fundamentalmente "profesionalizadora" y la primera "culturizadora", pero en muchos casos están combinadas.
· Ambas funciones son además esenciales para la capacidad cultural, científica, tecnológica y económica de un país, capacidad que disfrutamos, o sufrimos, y pagamos, todos los ciudadanos.
· En mi opinión, en función del diferente peso de cada una de estas funciones en las titulaciones la política de gasto y financiación pública ha de ser también diferente.

3. Por qué, dadas esas funciones, creo que B es positivo

3.1. Incentiva la movilidad de profesores y estudiantes, contra un mal endémico en España.

3.2. Facilita la homologación y uso de títulos, contra un mal endémico en Europa.

Tras el debate de esta mañana parece que todos están de acuerdo en que estos hechos son positivos, o serán positivos si no se echan a perder. No me detendré entonces en ellos y me centraré en un tercer aspecto seguro que más polémico:

3.3. Permite un sistema de financiación de la enseñanza superior socialmente más justo que el actual.

El actual sistema de financiación me parece totalmente injusto, mientras el dinero no caiga del cielo sino de los bolsillos de todos, incluidos los que no se pueden permitir ir a la universidad (que todavía, no nos engañemos, son bastantes). Ahora se subvenciona en una media del 85% del costo por igual a todos los estudiantes de todas las licenciaturas. Eso me parece doblemente injusto, abusivo e insolidario:

- La subvención dentro de cada titulación debería ser progresiva, esto es, variar en función de los ingresos. Por mencionar casos extremos, ahora sucede que el repartidor de butano contribuye con sus impuestos a subvencionar el 85% de los estudios superiores de hijos de familias con una casa en la playa y otra en la montaña.

- La subvención debe ser diferente para diferentes titulaciones. Me parece un principio básico de justicia social que cuanto más beneficio salarial futuro de media suponga una titulación, menos debe subvencionarse al estudiante. Por seguir con el mismo ejemplo, ahora sucede que el repartidor de butano contribuye a subvencionar el 85% a un estudiante de Administración de Empresas que en unos años van a cobrar 10 o 15 veces su salario.

Pues bien, (i) la separación de grados y masters, y (ii) la diferencia entre masters de investigación (académicos) y profesionalizadores es fundamental para reparar estas injusticias, especialmente la segunda.

· Los grados y los masters de investigación en España serán financiados básicamente por todos los ciudadanos mediante sus impuestos. Eso me parece bien, aunque es injusto por regresivo que a todos los estudiantes se les subvencione por igual; como he dicho sería más justo un sistema de tasas progresivo o tasas altas con un buen sistema de becas.

· Los masters profesionalizadores serán más caros, y tendrán más cofinanciación de estudiantes y empresas. Tanto los no oficiales, como los oficiales que deberán competir con aquellos.
¿Es esto injusto?: en mi opinión NO, siempre que el precio a pagar sea proporcional al futuro beneficio salarial. Repito: a mayor beneficio salarial menor subvención pública.

Aclaración: esto no significa invertir menos en educación. Hay que invertir el máximo posible (si es posible el 2,6 del PIB, o el 3,2 o…). Pero adecuadamente distribuido. Y este aspecto de Bolonia me parece esencial para, si hay una voluntad política, hacer una distribución más justa de la subvención pública (becas, tasas graduales, etc.)

4. Riesgos a tener en cuenta

4.1. ¿Mercantilización de la Universidad?
Si por eso se entiende que no hemos de subvencionar entre todos el 85% a los que estudian p.e. Administración de Empresas con futuros salarios muy por encima de la media, entonces me parece bien, y lo contrario me parece abusivo, injusto e insolidario.
Si por eso se entiende que las empresas van a decidir qué titulaciones se hacen y cuáles no, por supuesto que estoy en contra. Pero, ¿existe ese peligro?

4.2. ¿Peligro de desaparición de estudios económicamente no productivos?
Bien, en principio es un posible peligro. Y es cierto que algunos representantes del mundo empresarial y político han insistido en una mayor “vertebración” entre universidad y empresa. De nuevo, si eso significa solamente que en los estudios profesionalizadores vinculados a la productividad económica hay que mejorar la formación y rentabilidad, estoy de acuerdo. Pero si eso significa que el mundo y el mercado empresarial van a influir en si se implantan o eliminan titulaciones no vinculadas a la productividad económica, por supuesto que estoy en contra.
Ahora bien, ¿hay datos que indiquen que van a desaparecer las titulaciones no rentables, como Filosofía? Seamos honestos, al menos de momento no existen esos datos. Es cierto que hay declaraciones sospechosas, pero es aún más cierto que en esta facultad hay ya seis (6) masters investigadores de filosofía financiados con los impuestos de todos.
Sí, pero ¿y sí no hay alumnos suficientes para algunos? Es un problema complejo y difícil de generalizar, pero en principio me parece socialmente injusto mantener en general un master en el que sistemáticamente sólo se matriculen, digamos, 2 o 3 estudiantes. Puede haber excepciones si son casos de especial valor cultural y social, pero eso lo habrán de decidir los poderes públicos. Los poderes públicos, elegidos por todos, son los que han de decidir qué es socialmente necesario impartir a la vez que justo financiar. Pero por ahora no veo indicios por ahora para la alarma.

4.3. ¿Se quedará sin poder acceder a la universidad más gente que ahora?
Lo dudo, no veo por qué. En los estudios no profesionalizadores pasará aproximadamente lo mismo. Y en los profesionalizadores, las empresas son las primeras interesadas en formar gente valiosa aunque sea pobre así que ya se encargan de incentivar suficientemente mediante becas u otros sistemas, además de los créditos sin intereses y a devolver en 10-15 años laborales que por ley deberán dar los bancos.

4.4. ¿Disminución de la calidad de la enseñanza?
Por ejemplo si, como en la UB, se obliga a la evaluación continua sin recursos adicionales, o si se imponen seminarios con 50 estudiantes.
Es cierto que con más dinero algunas cosas se podrían implementar mucho mejor. Pero por otro lado no creo que el problema de la calidad de la universidad española sea únicamente, ni principalmente, económico. Y tampoco veo por qué debería empeorar. O en todo caso eso me parece independiente de Bolonia, depende de los recursos que se puedan dedicar a la universidad y de cómo afrontar otros problemas de la universidad (p.e. políticas de contratación).
Seguro que mejoraría más rápidamente con más recursos, pero en tiempos de recursos escasos hay que elegir entre no cambiar nada o empezar cambiando aunque sea con dificultades y poco a poco ir mejorando. Por hacer una analogía, la ley de dependencia con pocos recursos es peor que la ley de dependencia con muchos recursos, pero también que es mejor que ninguna ley de dependencia en absoluto. Pues análogamente con los cambios que implica la declaración Bolonia.

Sin embargo, es totalmente cierto que el modo improvisado en que se están haciendo muchas cosas desde el gobierno central, los gobiernos autonómicos y las universidades está produciendo muchas disfunciones, por decirlo suavemente. Pero eso no tiene que ver con Bolonia, sino con otras instancias. Y es obligación de todos reclamar a los responsables (GC, GA, UNI) que corrijan sus decisiones erróneas. Muchos de ellos se escudan además en Bolonia para justificar decisiones inadmisibles. Por ejemplo, la UB ha impuesto un máximo de 30 crs optativos por grado, lo cual atenta contra Bolonia, la calidad académica y el sentido común. Y encima otros se escudan en ello para justificar partes del plan de estudio injustificables.

Cosas como esas no hay que dejarlas pasar. Estudiantes, los profesores y la comunidad universitaria en general tiene que estar continuamente alerta para prevenir o corregir los desastres. Pero en eso el objeto de nuestro escrutinio y reclamación no es un abstracto Bolonia, sino el gobierno español (en la regulación de grados y masters), el autonómico (en la implantación y financiación), la UB (en la implementación) y la misma Facultad (en los planes de estudio y su desarrollo). Es ahí donde hay que dar la batalla. Y exigir a cada uno lo suyo, porque si no cada uno eludirá su responsabilidad diciendo, como han dicho, que no es competencia suya. Y desde luego, si lo que se quiere es acabar con el neoliberalismo, o el capitalismo, o lo que sea, todos ellos fines legítimos, el modo más seguro de fracasar es mezclándolo todo.

Acabaré con una sugerencia: antes de intentar obligar al congreso a cambiar una ley orgánica, es más viable obligar al rectorado a cambiar el límite de 30 crs optativos, y después a la facultad a cambiar el plan de estudios (si empezáis por ahí yo me apunto). Y a la vez, si se quiere, recoger firmas para llevar al parlamento una Iniciativa Legislativa Popular. Otras estrategias parecen mucho más ambiciosas, pero acaban consiguiendo mucho menos, o nada.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y COMENTARIOS

1. Si la función de la Universidad no es formar ciudadanos, entonces tampoco es función la de la educación Secundaría o la Primaria, ni la de ninguna educación en general, formar ciudadanos.

En absoluto. Justamente porque una de las funciones de la educación Primaria y Secundaria es formar ciudadanos, en el sentido de la educación ciudadana que todos tienen el derecho y la obligación de recibir, es obligatoria y gratuita (y se supone recibida antes de la edad requerida para votar). Si la función de la Universidad fuese formar ciudadanos, ¿qué pasaría con los que no pueden, o no quieren, ir? ¿no serían ciudadanos? ¿serían ciudadanos de segunda? ¿o de primera para pagar a los que vamos y de segunda por estar "menos formados como menos ciudadanos”? Seamos coherentes, si esa fuese una función de la Universidad, debería ser obligatoria.

Dicho esto, hay que decir también que sí es una de las funciones de la universidad incrementar la cultura, la racionalidad y el espíritu crítico de la sociedad, “crear pensamiento” como se dice a veces. Ya he insistido en que una de las funciones fundamentales de la universidad es garantizar la formación no dirigida a la rentabilidad económica, y ello incluye ese “crear pensamiento” socialmente imprescindible. Pero ello no implica que cada ciudadano tenga obligatoriamente que ir a la Universidad, ese pensamiento se distribuye al conjunto de la sociedad de otros modos.

2. La función de la universidad es crear pensamiento crítico, no dar formación profesionalizadora

Como acabo de enfatizar, estoy de acuerdo con que es una función de la Universidad “crear pensamiento crítico”. Y que ella se realiza fundamentalmente (aunque no únicamente) garantizando al existencia y calidad de estudios no dirigidos a la rentabilidad económica, como los de Filosofía. Pero es no es incompatible con que otra de las funciones de la Universidad sea formar profesionales (abogados, médicos, ingenieros, empresarios, …). Por lo tanto, si se objeta a que ésta sea una función de la Universidad, ello no se puede justificar por que una de sus funciones es crear pensamiento, se necesitan razones independientes. Y ¿alguien está de verdad dispuesto a sostener que no es una de las funciones de la universidad formar profesionales (y que cuanto mejor lo haga mejor para todos)?

Respuesta de un asistente: “Sí, yo lo sostengo. La formación profesionalizadora no la ha de dar la Universidad sino la Formación Profesional”.

Seamos serios y no discutamos sobre palabras:
Si por Formación Profesional se refiere a la alternativa profesionalizadora en el último tramo de Secundaria, ¿quiere entonces decir que uno estaría dispuesto a ir al médico o hacerse una casa con alguien que haya hecho sólo esos estudios? Nadie.
Ahora bien, si se quiere llamar ‘Formación Profesional’ a lo que se hace en las actuales facultades y escuelas universitarias de Medicina, Ingeniería o Empresariales, pues hagámoslo, y colguemos en los edificios el nombre ‘Escuela de Formación Profesional de …’. Pero eso no evitará el hecho de que sean estudios de larga duración que se imparten, en gran parte con financiación pública, tras la enseñanza Secundaria. Reservemos si queremos ‘Universidad’ para Filosofía o otros estudios no dirigidos a la rentabilización profesional, y ‘Universidad *’, o ‘Formación Profesional Superior’ a los otros. Eso no cambia las cosas. Las dos siguen siendo funciones por todos aceptadas y deseadas de la Enseñanza Superior. Y si no se acepta este hecho me parece imposible empezar siquiera a discutir con sentido cómo se articulan, estructuran y financian ambas funciones. Me parece que intentar acabar con el neoliberalismo negando esa doble función de la universidad hecho es como intentar acabar con el hambre en el mundo negando que hay alimentos más y menos nutritivos. No podremos curar nunca los males dela universidad si nuestra objecón es que no debería formar profesionales. Ese es simplemente un dato con el que hay que contar, entre otros, para empezar a pensar cuáles son los remedios que se requieren.

3. Menos hablar de lo que paga el repartidor de butano y más del peligro de que las empresas
decidan si se hace Historia o Filosofía y que hasta puedan nombrar al rector

Que las empresas nombren al rector puede ser una posibilidad, pero parece que bastante remota de momento. Que decidan que no se impartan Filosofía o Historia, también es una posibilidad, quizás no tan remota como que nombren al rector pero en mi opinión bastante improbable también. Pero que el repartidor de butano está pagando con sus impuestos la subvención de un 85% al estudiante de Administración de Empresas es una posibilidad nada remota! es lo que ya pasa! Y me parece vergonzoso que la cautela, legítima, ante esas posibilidades remotas se aduzca como motivo para no cambiar esta injusticia.


4. Los nuevos masters serán dos, tres o cuatro veces más caros, por crédito, que las actuales licenciaturas y los futuros grados

Cierto, pero es que (por la diferencia en rato de estudiantes y costo del profesorado) los nuevos masters cuestan por alumno dos, tres o cuatro veces más que los grados! Y, aunque se siga con la (injusta) política de subvencionar el 85% de los costes con dinero de todos, el 15% de 100 son 15, pero el mismo 15% de 200 son 30! Y el de 300, 45! Y el de 400, 60!! ¿O es que queremos encima que cuanto más alto el costo de un master más se incremente en general el 85% de subvención?


5. Como en España se ha optado por 4+1 en vez de 3+2, alguien podrá venir de p.e. Francia con un grado de 3 años y en un año más hacer un master aquí, con lo que en 4 años tiene grado más master; mientras que al que haga un grado aquí de 4 años si va a Francia a hacer un master debe estar dos años, con lo que le necesita 6 años para ambos.

El hecho de que España haya optado por 4+1 a diferencia de casi todos los restantes países, es desde luego negativo y va a implicar muchas disfunciones, y sería conveniente armonizarlo con el resto.
Sin embargo, el problema especial que se menciona no es tan grave. Por un lado, en Francia se puede entrar en un master teniendo 180 crs, e.e. sin acabar el grado de España. Por otro, no es cierto que quien venga de Francia con una grado de 180 crs se le aceptará directamente en España en un master de 1 año. Para esos casos los masters españoles tienen la opción de exigir (y es muy común que lo hagan) cursar antes unos “créditos niveladores” si el nivel es inferior al de los que acceden desde el grado en España.
Pero es cierto que, aunque en los dos casos para obtener el título de master necesitas 5 años, en un caso obtienes dos títulos en 5 años y en el otro en 6. Esta es una de las disfunciones que sería necesario corregir.


6. Las “agencias de calidad” ANECA, AQU, AQUB, …) externas son dañinas para la calidad. Aunque los controles de calidad internos no han funcionado, la solución no es sustituirlos por otros externos peores, sino mejorar los internos.

Como dijo la profesora de la UPC (con críticas a Bolonia que yo no comparto), las agencias externas empezaron muy deficientemente, como todo cuando empieza, pero ahora funcionan razonablemente bien. Me parece cínico decir que volviendo a evaluaciones internas se mejorará la calidad. Como decía Aristóteles, el mejor de los sistemas en una implantación ideal perfecta es el pero en una implantación real imperfecta. Pretender a estas alturas que nos vamos a evaluar y controlar mejor nosotros solos me parece simplemente una disimulada resistencia a cualquier control serio.

7. El master pedagógico, implantado con ocasión de Bolonia, es un desastre intelectual y profesionalmente

Completamente de acuerdo. Y hay que hacer lo imposible para que se elimine o reforme ese decreto. Eso sí que depende exclusivamente del Gobierno y hay que presionarlo para cambiarlo. Quizás si todos las Facultades afectadas hicieran una protesta conjunta, incluyendo un día oficial de paro en aquellas en las que lo apruebe su Junta, se podría empezar a poner remedio.

José Díez Calzada

Profesor de la Facultad de Filosofía de la UB

Departamento de Lógica

DEBATE sobre BOLONIA en la UB

Continuamos en la búsqueda de explicaciones y posibles soluciones a un proceso que se nos viene encima -el Plan de Bolonia-, de forma oscura y con cariz negativo para el desarrollo de la esencia del propio conocimiento y su diversidad, algo tan necesario como es: un verdadero espíritu crítico.

Por motivo de estas inquietudes, se llevó a cabo un debate en la Facultat de Filosofía y Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona (UB); en el cuál contribuyeron como ponentes varios profesores, tanto de la Facultad de Filosofía de la UB, como de la Facultad de Historia o Antropología de la UB, como miembros del profesorado de la UPC. Además de la debida y obligada representación estudiantil, la cuál también debe pronunciarse.

De esta manera, en un gesto equánime de profesorado y alumnado se dieron cita dichos debates en dos turnos (mañana y tarde), donde las intenciones fueron exponer y hacer un primera toma de contacto con el tema en discusión. Después de las aportaciones debidas de los ponentes, se abrió un debate entre éstos y los asistentes, dando así todo tipo de datos obligados para comprender la naturaleza, responsabilidades y finalidades de tal cambio educacional.

Contentos por este primer paso; ya que representa un intento de unidad entre todas las partes afectadas en busca de soluciones; el funcionamiento y participación del mismo; creemos toda comunidad universitaria se merece mantener estas posturas y plantearse o replantearse los cambios que se preveen.

Por ello, continuaremos con dichos debates, sobre la implantación de un plan de estudios que no deja indiferente a nadie, y genera un gran malestar en la mayor parte de la ya nombrada comunidad universitaria. Nada más, que esperar que cada un@ de vosotr@s se ánime a participar activamente.

Sobretodo agradecer la participación de cada una de las personas que hicieron posible tal debate; y animar a que la particpación cada día crezca más.

En este caso, la preocupación por nuestro futuro inmediato es una obligación, si queremos ser responsables de nuestras vidas, y -en la medida de las posibilidades- cambiar la vida. Como dijo Lefebvre: “[...] prácticamente en solitario, durante un período difícil, preservaron [...] la consigna esencial de la revolución: cambiar la vida.”

TEXTOS que HABLAN de ALGO llamado BOLONIA... (02)

TEXTOS que HABLAN de ALGO llamado BOLONIA...

Siguiendo con los textos del "Plan de Bolonia", llega el momento de presentar este interesantísimo análisis de este proceso confeccionado por dos profesor@s de la Universidad Politécnica de Catalunya. Aquí lo tenéis muy completo, aunque largo, vale la pena leérselo, incluso a trozos. ¡Qué lo disfrutéis!

"Saber, es arriesgarse a vivir la libertad."

Una campaña pro mercantilización de la universidad pública:

¿por qué y para qué?

Albert Corominas y Vera Sacristán
13/04/08

"En el plan estratégico de la CEOE [Confederación Española de Organizaciones Empresariales] para la economía española 2008-2001 nos hemos propuesto consolidar una participación empresarial activa en el conjunto de los sistemas y políticas de educación y formación, en todos sus niveles, liderada por una acción coordinada de las organizaciones empresariales.

Esto implica también promover la colaboración empresarial en la definición de objetivos y en la evaluación de resultados, y también en la participación de los órganos de gobierno de las universidades." (Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE: "Universidad y empresa". Dossier Econòmic de Catalunya, 29/03 a 04/04/2008, p. 6.)

En un artículo anterior ("¿Una campaña pro mercantilización de la universidad pública?", Sin Permiso, 30/03/2008) alertábamos sobre la campaña en curso, indicábamos quiénes eran sus agentes y describíamos sus contenidos (el sistema no funciona, la actividad académica debe orientarse para satisfacer las necesidades de las empresas, sobran estudiantes, que deberían pagar todo el coste; finalmente, hay que liquidar el sistema de autogobierno colegiado). En éste, queremos analizar por qué esta campaña tiene lugar precisamente ahora y cuáles son sus objetivos.

¿POR QUÉ AHORA?

Persistencia en los objetivos

Mercantilizar o privatizar, según el caso, los servicios públicos y reducir el papel del estado y los impuestos directos son objetivos permanentes del neoliberalismo. Pero hace pocos meses que el parlamento español ha aprobado, tras escaso debate público, una modificación significativa de la legislación universitaria, por lo que resultan poco probables, a corto y medio plazo, nuevos cambios.

No importa. Como han puesto de manifiesto, por ejemplo, George Lakoff y Susan George, los agentes del conservadurismo son pacientes y capaces de trabajar persistentemente, a veces durante décadas, para alcanzar sus objetivos estratégicos. Uno de ellos consiste en controlar el sistema universitario, que tiene roles muy importantes y moviliza una cantidad considerable de recursos.

Europa como coartada

El elemento coyuntural que aparentemente ha servido como deflagrador de la campaña es la implantación del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior, lo que también se conoce como proceso de Bolonia). Estos meses, en España, todo el mundo habla del EEES, aunque poca gente lo ha visto y casi nadie sepa qué es. Aprovechando este río revuelto, se atribuyen al EEES (a veces a Europa o a la Unión Europea) las más variadas exigencias: desde delirios pedagógicos, cuyo sólo enunciado causaría rubor en Oxford o en el MIT, hasta aumentos espectaculares de los precios públicos.

Una universidad moderna, pero vulnerable

Por otra parte, la universidad pública española es, como muchas otras, una institución vulnerable. A pesar de que no admite comparación con la que teníamos hace treinta años y de que en esta etapa ha sido un factor muy relevante de progreso social, cultural y económico, ha diversificado y renovado la docencia, ha incorporado decididamente la investigación, ha mejorado las plantillas y las instalaciones y ha ampliado el servicio público de la formación superior a más personas de sectores sociales más diversos. Pero presenta diversos flancos débiles como consecuencia de algunos vicios heredados del franquismo, de otros de aparición más reciente y, finalmente, de los desajustes lógicos en una institución que ha cambiado substancialmente, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, desde la reinstauración de la democracia.

No es éste el lugar para analizar exhaustivamente los puntos débiles de la universidad pública española, pero conviene mencionar algunos de los que vienen más a propósito en relación con la campaña. Los agrupamos en dos bloques, a saber, la ineficiencia en el uso de los recursos y el equilibrio entre autonomía y rendición de cuentas. Por supuesto, lo que sigue se refiere al conjunto de las universidades, y en cada una encontraríamos diferencias, que pueden llegar a ser muy significativas.

Ineficiencia en el uso de los recursos

Aunque las universidades, dados los recursos de que disponen, consiguen resultados aceptables, su eficiencia deja mucho que desear. En lo que respecta al profesorado, su selección ha carecido durante mucho tiempo de las garantías suficientes, y la institución ejerce un control muy escaso sobre sus tareas, lo que da lugar a bolsas más o menos importantes de incumplimiento o incluso de incompatibilidad. Las dimensiones de las plantillas del personal de administración y servicios han experimentado crecimientos cuantitativos y cualitativos notables, pero su estructura y el diseño de los procesos que les corresponden no han evolucionado de acuerdo con las exigencias derivadas de la ampliación y renovación de las funciones de las universidades. Por otra parte, las universidades, con la complicidad o el impulso de las administraciones locales y autonómicas, han llevado a cabo un proceso de proliferación de centros y títulos, inspirado, en el fondo, en la teoría de que deben adaptarse a las denominadas necesidades del mercado de trabajo (al diversificarse estas necesidades deberían hacerlo también los títulos) y acercarse al territorio. El resultado de este proceso, simultáneo en el tiempo a la reducción del número de estudiantes asociada al descenso de la natalidad de los años ochentas, ha sido la dispersión de la demanda y, por consiguiente, una muy mala relación entre el coste y los resultados.

Autonomía y rendición de cuentas

Es arduo conseguir un equilibrio entre la amplia autonomía de que gozan las universidades españolas, fundada en la Constitución de 1978, y la rendición de cuentas. Al respecto, la legislación atribuye un papel esencial a los consejos sociales de las universidades. Estos organismos están formados, junto a una representación minoritaria de la propia universidad, por miembros designados por los gobiernos y los parlamentos autonómicos y entidades tales como organizaciones empresariales, colegios profesionales y sindicatos. Les incumbe, por una parte, la importantísima función de autorizar presupuestos y plantillas y, por otra, la de articular la relación de cada universidad con la sociedad en que se inserta. Esta última la han ejercido muy insatisfactoriamente, ya que, como reflejo de tendencias de fondo en la sociedad y en el ámbito político han ido adoptando composiciones y estilos que, para abreviar, podríamos denominar business oriented; es decir, no han promovido la relación de la universidad con el conjunto de la sociedad, sino con una parte de la misma. En cuanto a la autorización y control de presupuestos y plantillas, los consejos sociales mayoritariamente se han decantado por no entrar a fondo en estas cuestiones; ello explica, en parte y sin perjuicio de una discusión más extensa, la existencia de déficit presupuestario persistente en algunas universidades y de desajustes en las plantillas.

¿QUÉ PRETENDE LA CAMPAÑA?

Una síntesis espléndida de lo que se pretende con la campaña puede encontrarse en el documento Una Universidad al servicio de la sociedad [Círculo de Empresarios, 2008]: pasar la universidad del estado del bienestar al mercado. Este objetivo global se descompone, principalmente, en los tres siguientes:

1) Adaptación a las necesidades inmediatas de las empresas

Adaptar enseñanza e investigación, en aras de la empleabilidad, a necesidades inmediatas de las empresas, con menosprecio de la cultura y de una visión a medio y largo plazo.

Este objetivo no está asumido unánimemente por los portavoces de las organizaciones empresariales. Por ejemplo en el documento Les funcions i el govern de les universitats públiques (Cercle d'Economia, 1999) se dice que "la formación básica o inicial de los primeros ciclos `...] ha de ser más generalista y no prematuramente especializada" y que "ha de cobrar importancia la idea de la formación continua a lo largo de la vida de cada persona, más que la adecuación a puestos de trabajo, el perfil de los cuales se modificada cada vez más aceleradamente. Universidades, empresas y administraciones han de concebir la formación superior más allá de los títulos de entrada en el mercado de trabajo y con una visión a largo plazo". El sistema educativo no puede formar personas para las necesidades específicas de todas las empresas; si lo intenta, puede resultar, a corto plazo, un ahorro para algunas y, a medio y largo, para las personas, la pérdida, precisamente, de empleabilidad y para la economía de un país, la pérdida de productividad y competitividad.

Además, por supuesto, ningún país puede permitirse la pérdida de la dimensión cultural de la universidad, que incluye la formación en ámbitos del conocimiento en que las empresas no tienen interés alguno. Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sospecha la filosofía de algunas organizaciones cortas de miras.

2) Restricción del acceso a la universidad

Restringir el acceso a la universidad mediante un incremento substancial de los precios públicos y una campaña de antimarketing polifacética (la universidad es una fábrica de mileuristas, el esfuerzo necesario para obtener un título no se ve compensado con retribuciones congruentes, hay demasiada gente sobreeducada y, por consiguiente, frustrada y arrepentida). Las propuestas de aumento de precios suelen ir acompañadas de declaraciones a favor de una mejora de las becas, a las que, a veces, se considera substituibles por créditos bancarios. Se matarían así varios pájaros de un tiro: reducción del peso del sector público y del acceso a la universidad, aumento de la competitividad de las universidades privadas y potenciación de una substanciosa línea de negocio bancario.

Todo ello implicaría un retroceso social y cultural y la consolidación del modelo económico, basado en personal poco cualificado y mal pagado, que se ha ido configurando en España desde hace algunos años. Como se ha dicho [Ferran Mañé, director del departamento de Economía de la Universidad Rovira i Virgili, en La Vanguardia (Dinero), 06/04/2008, p. 28], "hay cierta saturación de titulados universitarios en el mercado de trabajo, lo cual no debe interpretarse como que tenemos demasiados candidatos bien formados, sino que también debemos cuestionarnos cuántos puestos de trabajo existen que requieran ese nivel formativo. La solución no es reducir el número de universitarios, sino crear más empleos cualificados". ¿Cómo se compadecen las habituales monsergas sobre la sociedad del conocimiento con las admoniciones relativas a la sobreducación?

Las propuestas de aumento de los precios suelen partir de una denuncia sobre la falta de equidad del sistema de financiación de las universidades públicas para llegar a conclusiones contrarias, en nuestra opinión, a las que se derivarían de esta premisa. Se dice que los precios públicos no son una barrera para el acceso a la universidad de las personas con pocos recursos económicos, y que la barrera real consiste en el hecho de no poder renunciar a los ingresos por trabajo que podrían obtenerse como alternativa al estudio. Estamos de acuerdo. Lo que hace falta, pues, son medidas para ayudar a superar la barrera real, es decir, establecer un sistema de becas-salario bien dotado que favorezca el acceso a la universidad de los sectores infrarrepresentados. En cambio, se pone por delante el aumento de los precios públicos, que se llega a cuantificar de forma harto precisa, para que sufraguen los costes totales, es decir, los de la docencia y también los de la investigación. ¿Es esto lo que favorecerá el acceso a la universidad de los sectores excluidos?

3) Gestión e intervención empresarial

Implantar una gestión de tipo empresarial en la universidad y aumentar la participación empresarial en los órganos de gobierno de las universidades, ya que el modelo de gestión de ésta es asambleario, burocrático y rígido.

Es falso que el sistema de gobierno de las universidades públicas españolas sea asambleario: los órganos personales y colegiados se configuran de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, en las que se precisan las funciones de unos y otros. Los claustros universitarios suelen celebrar una reunión cada año, mucho menos costosa que las juntas generales de accionistas de las grandes empresas, y los consejos de gobierno, como máximo una vez al mes. Rectoras y rectores, consejos de gobierno y consejos sociales tienen competencias importantes y bien definidas. Muchas universidades, la mayoría, han demostrado agilidad en la toma de decisiones y capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes.

Es decir, el diagnóstico, y por consiguiente la terapia, son erróneos e interesados. Todo ello no obstante, consideramos, desde premisas muy distintas, que el sistema actual de gobierno de las universidades no es satisfactorio y que requiere una reforma meditada, que parta de la clarificación de las relaciones entre autonomía, autogobierno y libertad de cátedra y de un análisis de las decisiones involucradas en el gobierno de la universidad (de programación universitaria –qué enseñanzas hay que impartir, dónde y quién-, académicas, relativas al personal, económicas) para concluir quién (parlamento estatal o autonómico, gobierno español o autonómico, consejos sociales, universidades) debe tomarlas en cada caso.

UNIVERSIDADES Y SOCIEDAD DEBEN TOMAR LA INICIATIVA

El triunfo de la campaña mercantilizadora que hemos analizado supondría un significativo retroceso social, cultural y económico. Y éste es un peligro que no se debe subestimar. Las universidades públicas deberían encabezar un proceso de análisis crítico de su realidad, con alianzas internas y externas sólidas que incluyan todos los sectores favorables a una universidad pública de calidad al servicio de toda la sociedad. Un proceso que, en colaboración con la Administración, debería desembocar en propuestas para extender e intensificar el servicio público de la formación superior.

Albert Corominas es profesor de organización industrial y Vera Sacristán, profesora de matemática aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya. Pertenecen, asimismo, a la asociación UpiC (www.upc.edu/upic)

TEXTOS que HABLAN de ALGO llamado BOLONIA... (01)

TEXTOS que HABLAN de ALGO llamado BOLONIA...

Llegados a este punto, intentaremos haceros llegar todos los textos que creamos sean de común interés por tod@s alrededor del tema principal de este Blog, "El Plan de Bolonia". Para empezar, presentamos este texto público escrito por Carlos Fernández Liria, profesor titular de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. En él se nos expone el mayor de los derechos como estudiantes universitarios, y es pertenecer al organismo (en este caso, la propia universidad) que ha de velar por la verdad a la hora de dar sus conocimientos, y NO en favor de intereses privados, de empresas, o valores de mercado. La universidad es el lugar donde la sociedad se aisla de cualquier precepto atado a un sistema económico, y se guarda el valor de la sabiduría como premisas de verdad, y NO meros juegos mercantilistas de bolsas laborales para empresas concretas. Sin más, os dejamos con el texto en cuestión.

"Pensad, y sabréis hasta donde llega la definición de libertad."

CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA

Es una noticia muy importante que dos centenares de estudiantes llevan un mes encerrados en la Facultad de Filosofía de la UCM para resistir contra la mercantilización de la enseñanza (el llamado proceso de Bolonia)? Sí lo es. No desde luego por sus efectos históricos espectaculares, pero sí por su significado. Su ejemplo es muy clarificador respecto a lo que aún nos es legítimo esperar de este mundo en que vivimos, respecto a lo que no debemos renunciar a respetar y sobre lo que debemos defender a cualquier precio por encima de todas lasofertas del mercado.

El hecho no tiene nada de habitual. No se trata de una protesta estudiantil entre otras sino de algo excepcional, podría decirse que casi por definición. Pues la filosofía no es más que la permanente reflexión sobre una excepción: “algo que hace a los hombres negarse a perder, por amor a la vida, aquello que hace a la vida digna de ser vivida”. La filosofía es el intento de sacar las consecuencias de lo que se expresa en esta frase de Kant. Esta excepción comenzó en Grecia con una constatación esencial: lo interesante que era lo desinteresado. Saber por saber, desinteresadamente, resultó ser interesantísimo. De esa experiencia surgieron las matemáticas, la física, la filosofía, la ética y el derecho. De la perplejidad ante lo desinteresado surgieron las cosas que más nos interesan: el mundo entero de la razón y de la libertad. Y así fue como se inició para la humanidad la aventura más inquietante: la de convertir esa excepción en norma de la vida humana, que sólo entonces puede llamarse digna. Y también en norma de una ciudad en “estado de razón”, o lo que es lo mismo, en “estado de derecho”.

Los hechos de la Facultad de Filosofía son una angustiosa llamada de atención respecto a esa excepción. Y por eso –como la prensa no ha parado de repetir–, han tenido algo de excepcionales. ¿Una huelga a la japonesa? ¿De filósofos? Algo, cuando menos, poco habitual. Doscientos muchachos de entre 18 y 25 años, estudiantes de filosofía (y algunos también de filología, física, historia o psicología) se encierran en su facultad con la intención de pasarse las noches estudiando la legislación y la documentación oficial implicada en el proceso de Bolonia que está actualmente revolucionando la universidad europea: lo que ellos identifican como una mercantilización del conocimiento que amenaza, no ya la autonomía universitaria, sino, mucho más radicalmente, a esa autonomía de la razón a la que no puede llamarse en el fondo más que Libertad. Habilitan una especie de universidad nocturna, se reparten los textos legales por grupos, los leen, los estudian, los discuten durante la noche, acostándose luego a dormir en el suelo, tan solo unas horas, para poder asistir inmediatamente, a partir de las ocho y media, a las clases de la mañana. Porque, desde el principio, en efecto, se han comprometido a no faltar a las clases. Mientras tanto, deciden no fumar en el interior del edificio, limpian los baños, friegan los suelos. “Se comportan como angelitos”, declararon a El País los guardias de seguridad. Las mujeres de la limpieza se han solidarizado con el encierro e incluso han colaborado económicamente en su caja de resistencia, perplejas ante la belleza de doscientos muchachos que creen en algo tan insólito como su derecho a estudiar, con tanto sacrifico y entusiasmo. Los profesores los hemos visto quedarse dormidos en las clases, extenuados de cansancio. Los hemos visto adelgazar, llenarse de ojeras, marearse, aunque sobre todo los hemos visto llenos de esa alegría que da estar convencido de tener razón.

Todo esto –se reconocerá– es poco corriente en una protesta estudiantil. El resultado es también inesperado: estos estudiantes han logrado sentar al rector de la UCM, Carlos Berzosa, frente a un auditorio en el que había apiñados casi 1.500 estudiantes y profesores. Han discutido con él y con su equipo rectoral durante más de cuatro horas ininterrumpidas. Han abierto una carpa para el debate público sobre la mercantilización de la Universidad en la que han trabajado sin descanso informando a los que salían del metro para acudir a sus facultades. Ahí han sentado a debatir al presidente de la Conferencia de Rectores, Ángel Gabilondo, en una sesión de cinco horas que acabó de madrugada. También ahí discutieron durante cuatro horas seguidas con Rafael Llavori, representante de la ANECA. Para quien no lo sepa, la ANECA es la Agencia de Evaluación que se ha convertido en la espada de Damocles de todo este proceso de reconversión. Sus primeros efectos se notan en que, cada vez más, los nuevos profesores que llegan a la Universidad ya no se caracterizan tanto por haber estudiado mucha física, filosofía o lingüística, sino por haber estudiado muy bien el marketing de un currículum de diseño. Sus objetivos últimos consisten en flexibilizar la universidad para adaptarla a la flexibilidad profesional demandada por un mundo empresarial para el que, en cuestiones laborales, todo es demasiado rígido, excepto la basura.Sobre estas y muchas cosas más, la “huelga de filosofía” ha logrado montar un debate público real respecto de un proceso en el que hasta ahora no había habido más que consensos prefabricados por autoproclamados expertos en política universitaria (Francisco Michavila, por ejemplo, que ha inundado el Ministerio de informes delirantes que insultan a la inteligencia).

¿Tenemos que estar muy agradecidos a esos estudiantes? Mucho. Porque con su ejemplo nos han ayudado a recordar que hay evidencias que sin embargo son falsas y verdades que parecen excepciones, pero que son imprescindibles. Se repite mil y una veces que la universidad debe estar al servicio de la sociedad. Y sin embargo, no es así: la universidad debe estar al servicio de la verdad; sólo así estará en condiciones de rendir un buen servicio a la sociedad. ¿Acaso no es muy evidente que el derecho debe estar al servicio de la sociedad? Pero es todo lo contrario: de lo que se trata no es de poner al derecho en estado de sociedad, sino a la sociedad en Estado de derecho.

Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid